Salud pone en marcha una nueva campaña de inspección con el objetivo de evitar incidencias y hacer un correcto uso de las piscinas públicas y aguas recreativas
Las piscinas de uso público no deben suponer ningún riesgo para la salud, siendo los titulares, los responsables de mantener unas buenas condiciones higiénico-sanitarias y de seguridad de las instalaciones, así como una adecuada calidad del agua de los vasos.
La Consejería de Salud coincidiendo con la temporada de baño 2018 ha puesto en marcha una campaña de inspección que tiene como objetivo disminuir los riesgos para la salud derivados del uso de las piscinas públicas.
Para ello, deben disponer e implantar un Programa de Autocontrol específico en su instalación, según lo indicado en el artículo 11.5 del Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas. El programa de autocontrol, es obligatorio para todas las piscinas definidas de uso público en el Real Decreto 742/2013 y estará a disposición del personal de mantenimiento y de la Autoridad Competente, sea actualizará con la frecuencia necesaria en cada caso y todos los datos que genere se registrarán, preferentemente en soporte informático.
En el momento de la inspección, el titular de la piscina debe de poder demostrar la correcta implantación del Protocolo y el adecuado grado de formación e implicación de los trabajadores con responsabilidad en el sistema de autocontrol. El Programa de Autocontrol debe de protocolizar los siguientes procedimientos sobre distintos aspectos del vaso:
- Plan de Tratamiento del agua de los vasos.
- Plan de Control del agua y del aire.
- Plan de Mantenimiento de la piscina.
- Plan de Limpieza y desinfección.
- Plan de Seguridad y buenas prácticas.
- Plan Integral de control de plagas.
- Plan de Gestión de proveedores y servicios.
- Revisión y Mejora
- Registros y Anexos
La campaña busca comprobar que para reducir los riesgos en el uso de las piscinas públicas, los titulares cumplen con el Real Decreto 742/2013 y se mantienen controlados los 9 aspectos descritos anteriormente. Los incumplimientos detectados podrán ser sancionados con importes que oscilan rondan los 5000 euros para infracciones graves.